La Junta de Extremadura redefine áreas protegidas y mejora la atención a víctimas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado luz verde a un paquete de medidas que afecta tanto al ámbito medioambiental como al social. Por un lado, ha aprobado un decreto para modificar los límites de 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y, además, ha planteado a la Comisión Europea la revisión de otros 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Por otro, también ha actualizado la normativa interna de tres recursos de atención a víctimas de violencia de género.

En el caso de las zonas protegidas, la Junta defiende que estos cambios buscan mejorar la conservación de hábitats y de especies de aves de interés comunitario, que son precisamente las que motivaron la declaración de estos espacios. A la vez, la modificación pretende ajustar aquellos terrenos que lindan con los cascos urbanos para facilitar el crecimiento de los municipios, siempre sin dañar los valores ambientales que se protegen.

Entre las ZEPA afectadas se encuentran espacios como Campiña Sur-embalse de Arroyo Conejos, Monfragüe y las dehesas del entorno, embalse de Orellana y Sierra de Pela, Sierra de San Pedro, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Sierra Grande de Hornachos, embalse de Valdecañas, Llanos de Zorita y embalse de Sierra Brava, sierras de Peñalsordo y Capilla, Hurdes y La Serena y Sierras Periféricas, entre otras.

La revisión también alcanza a otras zonas como Río Tajo Internacional y Riberos, Llanos de Alcántara y Brozas, los arrozales de Palazuelo y Guadalperales, Vegas del Ruecas, Magasca, Río y Pinares del Tiétar, Canchos de Ramiro y Ladronera, Dehesas de Jerez, Puerto Peña-Los Golondrinos o Sierra de Las Villuercas y Valle del Guadarranque. Además, se actualizan los términos de varias ZEPA urbanas vinculadas a la conservación del cernícalo primilla en localidades como Almendralejo, Saucedilla, Trujillo, Fuente de Cantos, Guareña, Llerena, Zafra, Cáceres, Garrovillas, San Vicente de Alcántara, Brozas, Alburquerque, Jaraíz de la Vera, Ribera del Fresno, Belvís de Monroy, Jerez de los Caballeros y Plasencia.

Junto a ello, el Ejecutivo autonómico ha aprobado la propuesta para variar los límites de 13 LIC, un paso necesario para modificar las Zonas de Especial Conservación (ZEC) relacionadas. Esa propuesta será enviada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que a su vez la trasladará a la Comisión Europea para su tramitación.

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno también ha aprobado tres decretos para actualizar los reglamentos internos de los dispositivos de acogida de la Red Extremeña de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, de los Puntos de Atención Psicológica (PAP) y del servicio especializado para infancia y adolescencia víctima de esta violencia.

Según la Junta, estos cambios suponen una puesta al día de la normativa para adaptarla a la legislación vigente y reforzar la respuesta que reciben las víctimas. Entre las novedades figura una atención más integral para mujeres afectadas por cualquiera de las violencias recogidas en el Convenio de Estambul, la regulación del servicio ambulatorio especializado en la Casa de la Mujer y del Menor de Badajoz y en la Casa de la Mujer de Cáceres, así como programas específicos dirigidos a menores y nuevos protocolos de coordinación entre instituciones.

La reforma también incorpora mejoras en la calidad del servicio, con sistemas de evaluación, indicadores de seguimiento y mecanismos de mejora continua. En materia de protección de datos, se establecen procedimientos más claros para el acceso a la información, niveles de confidencialidad y protocolos específicos.

Por su parte, el servicio de atención psicológica especializada a la infancia y adolescencia víctima de violencia de género seguirá prestando apoyo terapéutico a menores, a sus madres y al resto de la unidad familiar con la que convivan, con el objetivo de favorecer una recuperación integral. En cuanto a los Puntos de Atención Psicológica, el nuevo reglamento delimita mejor la población destinataria y garantiza la atención a mujeres víctimas, aunque vivan en municipios o mancomunidades donde no exista este recurso, mediante derivación del IMEX según criterios de población y cercanía geográfica.